Las interminables listas de espera y la falta de personal seguirá siendo la norma. Los presupuestos destinados a la Atención Primaria rondan, de media, un 14,99% en todo el Estado. La financiación apenas ha aumentado un 0,06% que no revierte los altos niveles de inflación. Las organizaciones de sanitarios y sanitarias concuerdan en que la inversión no sólo es baja, sino que no llega al mínimo imprescindible para que el servicio público pueda ofrecer una atención de calidad.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) afirma que las consejerías de sanidad deberían invertir un mínimo del 25% del total de la inversión en sanidad. Es la Comunidad de Madrid la que menos invierte, situándose en un 10,73%, no alcanzando ni la mitad de la inversión considerada para que el sistema sea funcional. Sin embargo, tampoco las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE alcanzan las cifras exigidas.
Comunidades como Asturias destinan 347,8 euros por habitante, una cantidad insuficiente que aun así contrasta con comunidades como Madrid, la que menos invierte, que destina 155,02 euros per cápita.
Los estudios estiman que en todo el Estado es preciso una media de un mes de espera para ser atendido en la Atención Primaria. En Euskadi la media es de 34 días de espera, y en Aragón de 160 días, más de cinco meses. Las organizaciones de sanitarios y sanitarias no dudan en que los presupuestos demuestran “una escasa sensibilidad hacia la Atención Primaria de los gobiernos autonómicos correspondientes”, según la FADSP.
Buena parte del dinero invertido en sanidad se destina, además, a empresas subcontratadas. Lo que deteriora y mercantiliza el servicio. Si bien esto pasa en todas las Comunidades Autónomas, el caso más escandaloso es el de la Comunidad de Madrid. En dicha comunidad entre 2017 y 2018 se destinaron más de 600 millones de euros a repartir entre 29 empresas, según afirma Auditas Sanidad. La cifra sigue subiendo: en los últimos dos años la Consejería de Sanidad ha destinado más de 2.300 millones de euros en contratos menores a diferentes empresas.
